Pese a preocupante cifras de agresiones físicas, solo existe un Centro de Emergencia Mujer.
En San Juan de Lurigancho reside un total de 500 mil mujeres. Según DEMUS, durante el 2011 se registraron 5 mil casos de violencia familiar y sexual contra mujeres, lo que fue denunciado y registrado en centros de salud, el único Centro Emergencia Mujer (CEM) del distrito, comisarías y el Ministerio Público, pese a que la atención en estos lugares no es la óptima.
Estos datos no reflejan la real magnitud del problema, pues “muchas mujeres no denuncian porque la cobertura y calidad de los servicios públicos no les garantiza una atención adecuada y oportuna.La socióloga Sayda Lucas, del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), explicó que las mujeres no confían en la justicia y esto se refleja en los reportes de vigilancia que realizan las organizaciones de defensa de las mujeres en los que se ha detectado que no hay una calidad de atención en los servicios públicos.
“Los CEM brindan atención especializada a las mujeres y en general a las víctimas de violencia, pero aún falta cobertura. En todo San Juan de Lurigancho, el distrito más grande de Lima, solo existe un CEM donde trabajan 8 especialistas que no se dan abasto”.
Lo mismo ocurre en los 34 hospitales y centros de salud del distrito, donde en total atienden 22 psicólogos. Es decir, no en todos los establecimientos de salud existe personal especializado, sostuvo la socióloga.
Campaña por servicios de calidad para las víctimas de la violencia machistaDemus ha puesto en marcha la campaña “Mujer, que se escuche tu voz”, por servicios de calidad para las mujeres, ya que el Estado tiene el deber de supervisar que en éstos haya personal capacitado que atienda con enfoque de género y sin discriminación, además de dotar de presupuesto e infraestructura adecuada para estos servicios.Ante esta mínima calidad de atención, los ministerios de la Mujer y de salud deben ejercer su rectoría en las políticas contra la violencia hacia las mujeres y de salud con enfoque de género.
Otras de las medidas que debe tomar el Estado es aprobar el protocolo de aborto terapéutico y garantizar servicios de salud mental, sexual y reproductiva de calidad a las mujeres afectadas por la violencia sexual en el conflicto armado interno.
