El burgomaestre será denunciado por no ejecutar ninguna acción legal para proteger su territorio frente a la expansión territorial de Huarochirí en una zona de San Juan de Lurigancho donde campea el negociado de terrenos.
La República.- El Municipio Provincial de Lima acordó enjuiciar al alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Carlos Burgos Horna, por el delito de omisión de funciones contra la Administración Pública."La denuncia formal será presentada ante la fiscalía penal de turno del Ministerio Público, a más tardar el próximo lunes", informó el procurador público del municipio de Lima, Antonio Salazar García.
La primera omisión en que el alcalde Burgos ha incurrido es grave: no ha defendido la integridad territorial de su distrito SJL ni de la provincia de Lima, a la que pertenece.
Carlos Burgos lleva seis años y dos meses de gestión como alcalde del distrito. En ese lapso ha permitido que el vecino Municipio Provincial de Huarochirí implemente el Centro Poblado Menor Pampa Canto Grande sobre territorio ubicado dentro de la jurisdicción de su responsabilidad.
La intromisión no es nada despreciable. El poblado Pampa Canto Grande pretende una extensión de 6,340 hectáreas, equivalente nada menos que al 48% de la superficie total del distrito limeño, de 131 kilómetros cuadrados iguales a 13,100 hectáreas.
En enero de 2008, cuando Burgos llevaba ya un año de gobierno edil, el Municipio Provincial de Huarochirí implementó dentro de la zona invadida la sede municipal de uno de sus distritos, San Antonio, y una agencia municipal para el cobro del impuesto predial a partir del 2005.
Frente a estos hechos, el alcalde Burgos no impartió ninguna orden para el cese de las operaciones de dichas instituciones invasoras. Pese a que para ese año el sistema judicial ya había dictado sentencias.
En agosto del 2004, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la resolución del Municipio de Huarochirí que creó dicho poblado menor.
La Corte Superior de Lima en agosto del 2008 y la Corte Suprema en junio del 2009 fallaron por la nulidad de la misma resolución.
El comportamiento de Burgos es aún más criticable. Él posee un predio dentro de la zona invadida y como tal tributa no al municipio de SJL sino ante el Concejo Distrital y la agencia municipal, declarados ilegales.Sobre dicho predio, Burgos ha construido un moderno colegio ubicado en la manzana W, lote 09, del sector Pedregal, según constancia de posesión otorgada por la Municipalidad del Centro Poblado invasor.
La primera omisión en que el alcalde Burgos ha incurrido es grave: no ha defendido la integridad territorial de su distrito SJL ni de la provincia de Lima, a la que pertenece.
Carlos Burgos lleva seis años y dos meses de gestión como alcalde del distrito. En ese lapso ha permitido que el vecino Municipio Provincial de Huarochirí implemente el Centro Poblado Menor Pampa Canto Grande sobre territorio ubicado dentro de la jurisdicción de su responsabilidad.
La intromisión no es nada despreciable. El poblado Pampa Canto Grande pretende una extensión de 6,340 hectáreas, equivalente nada menos que al 48% de la superficie total del distrito limeño, de 131 kilómetros cuadrados iguales a 13,100 hectáreas.
En enero de 2008, cuando Burgos llevaba ya un año de gobierno edil, el Municipio Provincial de Huarochirí implementó dentro de la zona invadida la sede municipal de uno de sus distritos, San Antonio, y una agencia municipal para el cobro del impuesto predial a partir del 2005.
Frente a estos hechos, el alcalde Burgos no impartió ninguna orden para el cese de las operaciones de dichas instituciones invasoras. Pese a que para ese año el sistema judicial ya había dictado sentencias.
En agosto del 2004, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la resolución del Municipio de Huarochirí que creó dicho poblado menor.
La Corte Superior de Lima en agosto del 2008 y la Corte Suprema en junio del 2009 fallaron por la nulidad de la misma resolución.
El comportamiento de Burgos es aún más criticable. Él posee un predio dentro de la zona invadida y como tal tributa no al municipio de SJL sino ante el Concejo Distrital y la agencia municipal, declarados ilegales.Sobre dicho predio, Burgos ha construido un moderno colegio ubicado en la manzana W, lote 09, del sector Pedregal, según constancia de posesión otorgada por la Municipalidad del Centro Poblado invasor.
TRÁFICO DE TERRENOS "Todo esto es territorio de SJL. Lo que pasa es que la provincia de Huarochirí ha invadido la zona y ha hecho creer a los pobladores que pertenece a Huarochirí. Y para eso se ha prestado Burgos", declara Benito Mamani Carreño, presidente del Frente de Defensa de Ciudadanos y Organizaciones Sociales del Distrito de San Juan de Lurigancho.
"Desde el portón (levantado en el corazón de SJL y sobre el que se ha permitido colocar un letrero con el nombre del Municipio de Huarochirí) hasta el sector de Media Luna donde termina el distrito SJL hay 14 kilómetros. Es prácticamente la mitad del distrito. En toda esta zona invadida es donde se sucede el tráfico ilícito de terrenos que es grande", cuenta Mamani con una entereza que va imponiéndose al temor que se respiraba antes cuando se tocaba este asunto.
QUIÉNES SON: Ahora, los pobladores se han animado a revelar los nombres de los más connotados personajes dedicados al negociado de terrenos.. Mencionan en especial a Germán Cárdenas León, Israel Cervantes Román y Antonio Ciriaco Cori. El primero de ellos es un reconocido militante del Partido Aprista, afirman.
Benito Mamani recuerda que el propio Alan García se refirió a Cárdenas como "uno de los mejores dirigentes del Apra". Y cuando la prensa le preguntó por qué avalaba a esta persona vinculada al tráfico de terrenos, respondió que mientras no haya una sentencia contra él era un dirigente honorable. Hoy, Cárdenas tiene varias sentencias y el ex presidente sigue apoyándolo, refiere el lugareño.
"Los traficantes invaden, traen gente, la posesionan, hace cobros por carretera, luz, y si no cumplen con lo que ellos dicen y no pagan el costo que ellos piden por el terreno, los sacan", narra Mamani. "Ahí es donde entra a tallar la policía, que inexplicablemente ayuda a cometer ese acto ilícito de usurpación", revela muy mortificado.
Según su versión, los precios varían de acuerdo con la zona y el tamaño. Los hay desde 2,500 y 4,000 soles hasta 30 mil, 40 mil, 60 mil y 120 mil dólares. Y desde 120 hasta 12 mil metros cuadrados.
"Desde el portón (levantado en el corazón de SJL y sobre el que se ha permitido colocar un letrero con el nombre del Municipio de Huarochirí) hasta el sector de Media Luna donde termina el distrito SJL hay 14 kilómetros. Es prácticamente la mitad del distrito. En toda esta zona invadida es donde se sucede el tráfico ilícito de terrenos que es grande", cuenta Mamani con una entereza que va imponiéndose al temor que se respiraba antes cuando se tocaba este asunto.
QUIÉNES SON: Ahora, los pobladores se han animado a revelar los nombres de los más connotados personajes dedicados al negociado de terrenos.. Mencionan en especial a Germán Cárdenas León, Israel Cervantes Román y Antonio Ciriaco Cori. El primero de ellos es un reconocido militante del Partido Aprista, afirman.
Benito Mamani recuerda que el propio Alan García se refirió a Cárdenas como "uno de los mejores dirigentes del Apra". Y cuando la prensa le preguntó por qué avalaba a esta persona vinculada al tráfico de terrenos, respondió que mientras no haya una sentencia contra él era un dirigente honorable. Hoy, Cárdenas tiene varias sentencias y el ex presidente sigue apoyándolo, refiere el lugareño.
"Los traficantes invaden, traen gente, la posesionan, hace cobros por carretera, luz, y si no cumplen con lo que ellos dicen y no pagan el costo que ellos piden por el terreno, los sacan", narra Mamani. "Ahí es donde entra a tallar la policía, que inexplicablemente ayuda a cometer ese acto ilícito de usurpación", revela muy mortificado.
Según su versión, los precios varían de acuerdo con la zona y el tamaño. Los hay desde 2,500 y 4,000 soles hasta 30 mil, 40 mil, 60 mil y 120 mil dólares. Y desde 120 hasta 12 mil metros cuadrados.
UN CASO TÍPICO
Lodge Ausencio Correa Olascuaga, taxista de profesión, padre de 6 hijos, adquirió un lote modesto de 120 metros cuadrados a 2,500 soles, en Villa Vista Alegre, atraído por la oferta.
Estos días lo encontramos desesperado. Hace tres meses, el 18 de noviembre pasado, fue desalojado violentamente de su casa armada con triplay y calaminas. En los dos años y medio que vivió allí había plantado caña dulce, lúcuma y otras especies. Todo eso fue arrasado a las 10 de la mañana de ese día.
Los 20 delincuentes que en la madrugada del día anterior habían irrumpido en su lote para advertirle que si no se retiraba de inmediato lo matarían, reaparecieron esta vez con un grupo de 80 personas.
A la cabeza estaban Israel Cervantes y Antonio Ciriaco. Lodge Correa trató de poner a sus hijos a buen recaudo, pero no le permitieron. Golpearon a su esposa y se trajeron abajo toda su vivienda precaria.
A las 2 de la tarde, la policía de la comisaría 10 de Octubre emitió una constancia en la que se lee: "No se observa ninguna casa prefabricada, sólo un terreno aplanado con unas cuantas plantas y con un letrero que dice posta médica".
El texto completo del cartel decía: "Aquí se construirá la posta médica". Fue el aparente motivo con el cual las 80 personas desalojaron a Correa.
El desalojo fue la respuesta de los traficantes frente al insistente reclamo de Lodge Correa ante el vendedor del terreno: Israel Cervantes, exigiéndole la formalización de la transacción.
Cervantes no le había dado recibo por los 2,500 soles pagados por el lote, tampoco por los 10 soles mensuales por administración, ni por los que efectuaba regularmente sea por luz, tractor, vías afirmadas, etc.
El desalojado no encontró el esperado apoyo en la comisaría del lugar. No había personal disponible. Estamos ocupados, fue la respuesta. La diligencia se efectuó a las 2:30 de la tarde cuando ya todo estaba consumado.
El gobernador del lugar sí verificó la vivienda, comprobó los daños y otorgó a Correa un documento de garantía para su protección. Pero pocas horas después lo conminó a presentarse con la garantía. Te aviso que la estoy desestimando, le adelantó. Pero cómo, si recién me la ha dado, reclamó Correa. Tienes que venir porque los delincuentes van a venir acá y vamos a tener problemas, confesó el gobernador.
Estos días lo encontramos desesperado. Hace tres meses, el 18 de noviembre pasado, fue desalojado violentamente de su casa armada con triplay y calaminas. En los dos años y medio que vivió allí había plantado caña dulce, lúcuma y otras especies. Todo eso fue arrasado a las 10 de la mañana de ese día.
Los 20 delincuentes que en la madrugada del día anterior habían irrumpido en su lote para advertirle que si no se retiraba de inmediato lo matarían, reaparecieron esta vez con un grupo de 80 personas.
A la cabeza estaban Israel Cervantes y Antonio Ciriaco. Lodge Correa trató de poner a sus hijos a buen recaudo, pero no le permitieron. Golpearon a su esposa y se trajeron abajo toda su vivienda precaria.
A las 2 de la tarde, la policía de la comisaría 10 de Octubre emitió una constancia en la que se lee: "No se observa ninguna casa prefabricada, sólo un terreno aplanado con unas cuantas plantas y con un letrero que dice posta médica".
El texto completo del cartel decía: "Aquí se construirá la posta médica". Fue el aparente motivo con el cual las 80 personas desalojaron a Correa.
El desalojo fue la respuesta de los traficantes frente al insistente reclamo de Lodge Correa ante el vendedor del terreno: Israel Cervantes, exigiéndole la formalización de la transacción.
Cervantes no le había dado recibo por los 2,500 soles pagados por el lote, tampoco por los 10 soles mensuales por administración, ni por los que efectuaba regularmente sea por luz, tractor, vías afirmadas, etc.
El desalojado no encontró el esperado apoyo en la comisaría del lugar. No había personal disponible. Estamos ocupados, fue la respuesta. La diligencia se efectuó a las 2:30 de la tarde cuando ya todo estaba consumado.
El gobernador del lugar sí verificó la vivienda, comprobó los daños y otorgó a Correa un documento de garantía para su protección. Pero pocas horas después lo conminó a presentarse con la garantía. Te aviso que la estoy desestimando, le adelantó. Pero cómo, si recién me la ha dado, reclamó Correa. Tienes que venir porque los delincuentes van a venir acá y vamos a tener problemas, confesó el gobernador.
COFOPRI NO PUEDE ENTREGAR TÍTULOS EN ZONA INVADIDA
Aparte del alcalde Carlos Burgos, la Municipalidad Metropolitana de Lima interpondrá denuncia penal contra la alcaldesa provincial de Huarochirí, Rosa Gloria Vásquez Cuadrado, y contra la alcadesa distrital de San Antonio, Evelin Feliciano Ordóñez, por abuso de autoridad.
La política expansiva de la Municipalidad de Huarochirí guarda relación con los territorios de la Comunidad Campesina de Jicamarca, los cuales ocupan tres provincias: Lima, Canta y Huarochirí.
El procurador metropolitano Amado Enco indicó que hay una intromisión en el territorio de Lima y específicamente en SJL donde desde el año 2001 se creó el Centro Poblado Anexo 22 Pampa Canto Grande.
"Sabemos que la Municipalidad de Huarochirí con la distrital del San Antonio coordinan con Cofopri (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal) la entrega de títulos de propiedad en la zona del Anexo 22 Pampa Canto Grande, que judicialmente ha sido declarada nula como centro poblado", refirió también el procurador Amado Enco.
Aparte del alcalde Carlos Burgos, la Municipalidad Metropolitana de Lima interpondrá denuncia penal contra la alcaldesa provincial de Huarochirí, Rosa Gloria Vásquez Cuadrado, y contra la alcadesa distrital de San Antonio, Evelin Feliciano Ordóñez, por abuso de autoridad.
La política expansiva de la Municipalidad de Huarochirí guarda relación con los territorios de la Comunidad Campesina de Jicamarca, los cuales ocupan tres provincias: Lima, Canta y Huarochirí.
El procurador metropolitano Amado Enco indicó que hay una intromisión en el territorio de Lima y específicamente en SJL donde desde el año 2001 se creó el Centro Poblado Anexo 22 Pampa Canto Grande.
"Sabemos que la Municipalidad de Huarochirí con la distrital del San Antonio coordinan con Cofopri (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal) la entrega de títulos de propiedad en la zona del Anexo 22 Pampa Canto Grande, que judicialmente ha sido declarada nula como centro poblado", refirió también el procurador Amado Enco.
CLAVES El enjuiciamiento de Carlos Burgos por el Muncipio de Lima se suma a la denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos presentada ante el Ministerio Público por el congresista Yehude Simon Munaro. La denuncia de Simon alcanza a Jessica Karina Oviedo Alcázar y a David Nestares Silva, funcionaria y teniente alcalde del distrito de SJL, respectivamente.
