martes, 10 de junio de 2014

Defensoría advierte sobre peligro que ronda a 1,000 familias de AA.HH. en SJL

No tienen vías de evacuación en caso de desastre
La Defensoría del Pueblo advirtió hoy sobre el peligro que corren unas mil familias residentes en tres asentamiento humanos de San Juan de Lurigancho, por falta de zonas de seguridad y de vías de acceso en la eventualidad de un sismo, incendio o emergencia médica. 
Por esa razón, el jefe de la Oficina Defensorial de Lima Este, Manlio Álvarez, solicitó al alcalde distrital, Carlos Burgos, información sobre las zonas de riesgo y acciones tomadas por su despacho para ameguar el peligro.
                       Durante una visita de supervisión, el referido funcionario constató que las agrupaciones de vivienda en evidente peligro son Campamento de Dios, Hijos de Juan Pablo II y San Antonio de Padua, levantados en lo alto de un cerro, donde habitan niños, mujeres gestantes y personas de la tercera edad desde hace más de cuatro años.
Sobre el particular, Álvarez dijo que las municipalidades, por mandato de la Ley Nº 29664, están en la obligación de constituir grupos de trabajo de estimación de riesgo, los cuales deben estar conformados por funcionarios de Defensa Civil, de las comunas locales y por especialistas en estimación de riesgo, a fin de establecer planes de contingencia que minimicen los daños. 
 “La Municipalidad debería tomar medidas y acciones para determinar en qué medida se puede establecer planes de contingencia y evacuación. La acción preventiva de las autoridades se tiene que dar antes que suceda cualquier situación de riesgo, a fin de evitar pérdidas humanas o que se vea afectado el derecho a la vida o la salud de los moradores”, enfatizó. 
En ese sentido, el funcionario exhortó a la referida autoridad edil que realice una visita técnica en el lugar, a fin de verificar la situación real del peligro en el que se encuentran viviendo estas familias y que adopte acciones urgentes. 
Finalmente, Álvarez solicitó a la población, quien es consciente de la situación de peligro en la que vive, que junto a las autoridades locales, asuma un compromiso de trabajo coordinado con el objetivo de minimizar los niveles de riesgo.